Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

El Boletín Oficial del Estado cuenta ya con el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, correspondiente a las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

La actual pandemia del COVID-19 ha provocado que los gobiernos instauren nuevas normas para ser capaces de responder ante las excepcionales circunstancias económicas que vivimos. Estas medidas urgentes tomadas por el Gobierno español se suman a las tomadas a nivel comunitario. De esta forma, se protege el ámbito económico del país y la salud pública.

El actual RDL 8/2020 amplia las medidas ya tomadas con un nuevo paquete económico y social. El objetivo de esta ley es evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria. Para ello se da prioridad a la protección de las familias, los autónomos y las empresas directamente afectadas por el COVID-19.

En concreto, la ley se orienta a un triple objetivo:

  • Reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables;
  • Apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo;
  • Reforzar la lucha contra la enfermedad del COVID-19

Te invitamos a acceder al Cuadro Comparativo de Medidas Extraordinarias dada la crisis del Coronavirus.

El Real Decreto-ley 8/2020 que combate el impacto económico y social del COVID-19 entra en vigor hoy, 18 de marzo. Las medidas previstas en este RD tendrán vigencia durante un mes.

Descarga el Informe sobre las Medidas extraordinarias en relación al COVID-19 en el ámbito laboral

Impacto económico y social del COVID-19

El Gobierno movilizará cerca del 20% del PIB, 200.000 millones de euros, para poner en marcha la protección de familias, trabajadores, autónomos y empresas. Se pretende comenzar la recuperación económica tan pronto finalice la emergencia sanitaria. Para ello, se relanzará la economía del país, su producción y la creación de empleo. Es decir, se espera que una vez superado el impacto económico y social del COVID-19, se produzca una recuperación económica en vez de un estancamiento.

Apoyo a los más vulnerables

Personas mayores, dependientes y las familias más vulnerables cuentan con 600 millones de euros destinados a la financiación de prestaciones básicas: servicios sociales y asistencia domiciliaria a dependientes y personas mayores.

Se garantizan los suministros de energía, agua y telecomunicaciones para las familias más vulnerables.

Además, se ha establecido una moratoria en los pagos hipotecarios para los deudores en situación especial de vulnerabilidad que hayan visto reducidos sus ingresos. Durante esta crisis sanitaria nadie podrá ser desahuciado de su vivienda.

Sin despidos

El segundo bloque de las medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 hace referencia al mercado laboral. Se protege el empleo con las siguientes medidas:

  • Trabajadores asalariados podrán adaptar o reducir la jornada laboral (hasta el 100%) para hacer frente a la conciliación y cuidado derivadas de esta crisis.
  • Se fomenta el teletrabajo siempre que las circunstancias lo permitan.
  • Se permiten los ajustes de plantillas temporales a través de los Expedientes Temporales de Regulación del Empleo (ERTE). Los ERTEs a consecuencia del Coronavirus se consideran de fuerza mayor. Los trabajadores afectados tienen derecho a la prestación por desempleo, cumplan o no el requisito de cotización previa. Esta prestación no computará como cobro posterior a la prestación por desempleo.
  • Estos ERTEs exoneran a los empresarios en la aportación de las cuotas de la Seguridad Social.
  • En el caso de los autónomos, se flexibilizan los ceses de actividad. De esta forma, en caso de dificultad económica, estos trabajadores podrán cobrar con rapidez la prestación correspondiente.

Liquidez empresarial

Los problemas temporales de liquidez empresarial es el tercer bloque que aborda el RD de cara al impacto económico y social del COVID-19. El Gobierno asegura la liquidez de las empresas para que esto no se convierta en un problema de solvencia y sigan operativas.

Se crearán líneas de avales y garantías públicas por valor de hasta 100.000 millones de euros, siento el Estado el garate de las operaciones. Las empresas exportadoras con mecanismo ágiles contarán además con líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros.

Las Administraciones Públicas también ayudarán a sus empresas contratistas en los contratos del sector público. Para evitar la pérdida de empleo y la resolución de contratos se establecerá un régimen específico de ampliación de plazos, compensación de salarios y suspensión de contratos públicos.

Igualmente, el Gobierno reformará la normativa sobre inversiones exteriores. El objetivo en este caso consiste en evitar que empresas ajenas a la Unión Europea accedan al control de entidades españolas aprovechando la caída del valor de sus acciones durante la crisis del Coronavirus.

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