IV Observatorio del mercado de trabajo

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The Adecco Group Institute junto con Cuatrecasas, Instituto de Estrategia Legal en RRHH, presentan el IV Observatorio trimestral del mercado de trabajo.

Finalizado el mes de enero, y sin perjuicio de que podamos ampliar las conclusiones a medida que vayamos conociendo nuevos indicadores sobre el mercado de trabajo, es el momento de un primer análisis retrospectivo sobre la reforma laboral de finales de 2021, a la luz del difícil momento económico que nos acompañará en el primer tercio de este año.

El marco macroeconómico general sigue enseñándonos que en 2022 acabó la etapa “fácil” de recuperación tras el hundimiento que provocó la pandemia en 2020, entrando en 2023 en una etapa de crecimiento muy lento, y es ahora donde debemos ver si el nuevo marco regulador nos ayuda -desde el punto de vista laboral- a ser más resilientes y competitivos, tanto a personas como a organizaciones.

Porque las horas trabajadas llevan meses cayendo, y el número de empresas inscritas en la Seguridad Social disminuyó en enero 2023 hasta 1.313.133 (-1,3% intermensual; +0,04% interanual) -la constitución de sociedades descendió un 2% en 2022, hasta las 104.668 nuevas em-presas, según datos del Consejo General del Notariado-, siendo el sector Construcción el único que crece con respecto al mes anterior. La crisis está lastrando más a las pymes y a los autónomos, que llevan más de 111.000 bajas en el último año, la peor cifra desde 2013.

Si hablamos de empleo, el número de asalariados temporales se redujo un 27,7% (1.193.800 menos), hasta los 3,11 millones, su menor número desde 2013. Esos tempo-rales se han convertido en asalariados fijos, en cualquiera de sus variantes (fijos de tiempo completo, de tiempo parcial o discontinuos). Y el empleo sumergido, medido como la diferencia en los datos de ocupación de la EPA y los de afiliación a la Seguridad Social, parece haber caído un 32% tras un proceso de descenso que arranca en 2017.

El reto de la formación como clave de competitividad

Detrás de nuestra capacidad de acercar la oferta y la demanda, y de caminar hacia muchos de nuestros retos (industrialización, digitalización, incrementos salariales, movilidad y rotación laboral deseadas, etc.) que nos conviertan en una economía atractiva a la inversión y sostenible para la generación de empleo, está el debate sobre la formación, y en particular, sobre la formación que demandan las personas y empresas:  aquellas que genere empleabilidad, práctica y con mayor contenido en competencias blandas (skills).

Teniendo en el horizonte la nueva Ley de Universidades, y con una nueva norma sobre Formación Profesional, que no podrá cuajar su prometedor contenido si no consigue acercarse a las necesidades de quienes crean empleo -las empresas, quienes imparten la formación -centros educativos- y a las vocaciones y propósitos -de alumnos, desempleados y trabajadores en proceso de recualificación-, llaman la atención algunas piezas, no menores, del puzzle de la formación que queremos.  Se espera que las universidades nos ayuden en la ampliación de las fronteras del conocimiento y contribuyan a una economía sostenible, innovadora y competitiva que genere riqueza y empleo, para lo cual se requiere una relación de confianza mutua y colaboración estable con las empresas.

Por otro lado, siguen disminuyendo los contratos formativos, cuya presencia en el mapa de la contratación laboral sigue siendo muy escaso (se mueven entre el 0,79% en agosto de 2022 y el 1,30% en octubre) y llevan cayendo desde hace meses, acentuándose estas distorsiones por las incertidumbres sobre el llamado Estatuto del Becario.

Parece que convertir el acuerdo de prácticas no laborales en un competidor de los contratos laborales formativos es un despropósito: genera inseguridad jurídica, precariza las relaciones laborales y no da solución a las necesidades de formación y talento de las empresas. El devenir de los contratos formativos nos indica que sobran rigideces, en plazos, operativa, y encaje con el modelo de contratación laboral existente.

Asimismo, la recién aprobada Ley de Empleo, recoge nuevas medidas sobre los remanentes generados con la cuota de formación profesional que pagan empresas y personas trabajadoras. Si se quiere apostar por la formación y recualificación, debería asegurarse la automaticidad en la asignación a la formación profesional por parte de las empresas, para lo que hay que quitar trabas y lastre a una normativa -la formación para el empleo y los modelos de contratación formativos- que están en la base de las ineficiencias de nuestro mercado de trabajo.

Por otro, está encima de la mesa el debate y las evidencias sobre la productividad. La productividad parecía crecer con incrementos de PIB y población constante, pero el apalancamiento por ERTE y la prohibición de despedir, en tiempos de ralentización económica, aña-de menor productividad en tiempos -anticíclicos- don-de España era donde la incrementaba.  La demanda de trabajo depende de la productividad y de los salarios, y cuanto más se ensanche la diferencia entre ambas variables, mayor impacto negativo tendrá en la creación de empleo.

Amplía la información descargándote el IV Observatorio trimestral del mercado de trabajo.

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