IX Observatorio trimestral del mercado de trabajo

En efecto, el auge del turismo post pandemia, desestacionalizado y mantenido durante todo el año, está en la base del crecimiento de la ocupación. Asimismo, pese que hay mayor afiliación a la Seguridad Social, se han reducido las horas trabajadas totales, lo que algunos apuntan a que es más un reparto del trabajo que a creación neta de empleo: desde 2019 la curva de ocupación está por encima del volumen de horas efectivas trabajadas. Y es que nuestra tasa de actividad es del 58,63, la misma que hace 18 años, lo que compromete el avance de nuestro producto interior bruto y la reducción del paro.

España sufre la mayor volatilidad del empleo de toda la Unión Europea: nueve de cada diez contratos indefinidos no lo son, y en abril volvieron a extinguirse más contratos indefinidos ordinarios a tiempo completo de los que se crearon. De hecho, no se entiende que se haya reducido la duración de los contratos indefinidos.

Porque la reducción en la duración de los contratos puramente temporales tiene una explicación lógica: la exclusión tras la reforma laboral, dentro de los contratos temporales, de la duración de los contratos de obra o servicio determinado (antes con duraciones que podían llegar hasta los 3-4 años, ahora en su mayoría derivados a fijos discontinuos) ha supuesto una lógica reducción de la duración del colectivo residual de contratos temporales, que ahora son solo contratos por circunstancias de la producción para necesidades muy coyunturales e imprevisibles (70,36% del total de contratos temporales), de sustitución (17,56%), y la anecdótica presencia del contrato formativo (1,10%) o el de relevo (0,11%). Sin embargo, en la Unión Europea naciones como Países Bajos o Portugal tienen una tasa de temporalidad más alta que la española, pero tienen menor volatilidad y rotación laboral. Luego parece que la legítima gestión de las necesidades temporales a través de contratos de duración determinada debería estar ya fuera de debates y reproches.

En la contratación inicial los contratos temporales suponen, del total de la contratación, un máximo de entre un 63-65 en los meses de agosto y diciembre, y un 56 en el mes de febrero; y por otro lado, el peso de los fijos discontinuos sobre el total de los contratos estables (a los que se unen los indefinidos ordinarios) alcanzan el máximo de un 38 sobre 100 en los meses de agosto y diciembre, y un mínimo de 29 sobre 100 el mes de febrero, luego el ciclo de los fijos discontinuos es muy paralelo a las necesidades de flexibilidad de las empresas. Y lo que está pendiente de mejorar en nuestra normativa, es que los sectores que pueden dar continuidad en la contratación, oportunidades de recualificación y transición entre sectores y profesiones, porque tienen recursos y experiencia para ello, puedan gestionar la contratación fijo-discontinua para cubrir necesidades estables en las empresas usuarias.

Las últimas cifras de empleo arrojan 140.000 trabajadores menos y 117.000 parados más, y ya superamos en desempleo a Grecia y duplicamos a la Unión Europea, lo que no ocurría antes de la pandemia. A ello hay que sumar el desempleo de larga duración, donde el colectivo de mayores de 50 años muestra una preocupante y creciente tendencia, así como la lacra del desempleo de nuestros jóvenes, cuyas sonrojantes cifras ya hemos citado.

En este primer tramo del año ya hemos conocido lo que promete la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, tanto los dirigidos a las personas como a las empresas. Un ambicioso propósito que parece inalcanzable si no se cuenta con la deseada colaboración público-privada, clave del éxito en los países de nuestro entorno. Sobre todo, a tenor de las cifras sobre recursos y eficacia en nuestro país: el porcentaje de asalariados indefinidos dedicados a la intermediación y orientación laboral de desempleados es del 37,1 en el sector privado, mientras que en el sector público es del 17,8. Y solo el 2% de los ocupados logran un trabajo gracias a las oficinas públicas de empleo (la gran mayoría incorporaciones a la propia administración pública), frente al 4,3% de intermediación que tiene el sector de las agencias privadas de empleo.

Amplía la información descargándote el IX Observatorio trimestral del mercado de trabajo.